Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024
Participa en la construcción de una Ciudad de innovación y derechos.
5. Cero Agresión y Más Seguridad
Los habitantes de la Ciudad de México tienen el derecho constitucional a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libres de amenazas generadas por el ejercicio de la violencia y la comisión de delitos. Por ello, una de las líneas rectoras de la gestión
de gobierno será la elaboración de políticas públicas orientadas hacia la prevención y la no violencia, así como de una cultura de paz para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.
La seguridad y la paz requieren de una intervención de carácter integral que permita atacar las causas estructurales en la comisión de delitos. En la Ciudad de México, la inseguridad no sólo se resuelve con el fortalecimiento de la policía y los ministerios públicos, sino generando fundamentalmente el acceso a derechos: educación, salud, vivienda, cultura, deporte, erradicación de la discriminación, respeto a los derechos humanos y fortaleciendo la solidaridad ciudadana, el acceso de los jóvenes a la educación, la cultura, el deporte, el espacio público y el empleo.
Reducir los niveles de violencia en la Ciudad de México es una prioridad ampliamente reconocida por quienes habitan esta ciudad. De manera inmediata, el Gobierno de la Ciudad se compromete a mejorar la coordinación entre las distintas instituciones responsables con el fin de alcanzar un sistema articulado de mediación y resolución de conflictos. El objetivo es fomentar la convivencia social armónica a través del diálogo y la tolerancia, mediante procedimientos basados en la prontitud de respuesta, la economía en el procesamiento de casos y la satisfacción de las partes.
La mediación, como método de gestión de conflictos, pretende evitar la apertura de procesos judiciales de carácter contencioso y poner fin, de manera satisfactoria, a los ya iniciados. Las diversas instancias y autoridades de la ciudad implementarán la mediación en el ámbito de su competencia: las Alcaldías en materia de conflictos vecinales, la Procuraduría Social en los conflictos condominales, los juzgados cívicos en relación con faltas administrativas y de justicia cívica.
La Procuraduría, en el caso de delitos no graves y de conformidad con el nuevo sistema de justicia penal, utilizará el diálogo y la mediación para hacer efectiva la justicia restaurativa en beneficio de las víctimas. Los conflictos, donde así proceda, serán canalizados al Tribunal Superior de Justicia para que, en el marco de la ley de justicia alternativa, se dé la mediación en materia civil, mercantil, familiar y penal.
En los delitos de alto impacto, la respuesta se dará a partir de los procedimientos marcados por la política criminal basada en investigación científica para sujetar a proceso a los imputados y procurar justicia.
Con estas propuestas, se busca transitar de un sistema de persecución criminal al servicio de los intereses políticos y económicos de los poderosos, a un sistema dedicado a la investigación basada en evidencia y en la protección de víctimas y testigos. Sólo así será posible que se consolide en la Ciudad de México la sociedad de paz y derechos que demandan sus habitantes. Ello implica construir un andamiaje institucional sólido para que nadie pueda frenar las investigaciones o decidir, a discreción, cuáles son los casos que deben ser investigados.
Actualmente, la Ciudad de México sufre de altos índices de criminalidad provocados por la falta de gobernabilidad y la desatención de las demandas ciudadanas por parte de las administraciones anteriores, lo cual propició el establecimiento y propagación de bandas delictivas, así como el surgimiento de pugnas entre estas agrupaciones, reflejándose en una espiral de violencia, principalmente en el número de homicidios, robos con violencia, extorsiones, trata de personas y venta de estupefacientes en la vía pública.
Estos indicadores delictivos registraron un incremento progresivo hasta alcanzar su nivel más alto desde que se tiene registro, debido principalmente a los siguientes factores:
a. La estrategia de seguridad no contempló la atención del Gobierno de la Ciudad de México a las causas generadoras de violencia, como son: la falta de oportunidades para el desarrollo,
el bienestar de las familias, el empleo digno y bien remunerado, servicios básicos de salud, educación y condiciones dignas de vida.
b. La estrategia de seguridad implementada en el pasado, abandonó modelos exitosos
y los reemplazó por estrategias de reacción que no abonaron a la prevención del delito. Este modelo reactivo, inhibió la participación ciudadana y la vinculación social.
c. Ausencia de coordinación con los tres órdenes de gobierno y falta de alineación de la política de seguridad.
d. El deterioro de los cuerpos de seguridad
de la Ciudad de México se hizo patente en la degradación de las condiciones laborales de los policías, en la deserción de sus integrantes y el debilitamiento institucional.
e. La falta de coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia propiciaron la tasa de impunidad más alta en la investigación de los delitos cometidos.
f. La falta de planeación y uso de la inteligencia no permitieron enfocar los recursos hacia la identificación de riesgos y factores generadores de violencia.
En lo que respecta a las instituciones de procuración de justicia, entre las personas que viven en la Ciudad de México impera una sensación de baja confianza en la justicia y escasa comprensión del sistema penal acusatorio. Esto genera una percepción generalizada de inseguridad, indefensión y poca credibilidad en las instituciones encargadas de impartir justicia.
En el año 2018 se registraron 22,343 delitos en la Ciudad de México, de los cuales 43% corresponde a delitos clasificados de bajo impacto o Tipo A, incluyendo incidentes que involucran robo simple, de autopartes, de celulares, entre otros. 31% de los delitos fueron también de bajo impacto, Tipo B, entre los que se encuentran amenazas, riñas, robo sin violencia, daño en propiedad ajena, homicidios culposos, entre otros. Los delitos clasificados como Tipo C, de alto impacto, alcanzaron el 26%, donde se encuentran los casos más graves de homicidios, feminicidios, violación, extorsión, corrupción, robo con violencia, secuestro, violencia familiar.
Es resumen, más del 74% de los asuntos que se presentan ante el ministerio público pueden ser atendidos por juicios abreviados o mecanismos alternos de solución de controversias. Por ello, resulta oportuno segmentar de manera estratégica la atención a los delitos, poniendo énfasis en la investigación y judicialización de los de mayor impacto en la población y derivar adecuadamente la mayor parte de los presuntos delitos que recibe la Procuraduría, con lo que se reducirán las carpetas de investigación en las que se declara incompetencia, reserva o no ejercicio de la acción penal para garantizar que todos los casos presentados reciban atención oportuna y en el menor tiempo posible.
Apoyados en el trabajo con las comunidades, en coordinación con el gabinete de seguridad, fomentaremos la comprensión del sistema penal acusatorio y el mejor aprovechamiento para el diseño de políticas criminales que persigan los delitos de bajo impacto, como el robo, que se ha incrementado notablemente, así como construir en la vida cotidiana una cultura para la paz y la justicia.
En lo que respecta al funcionamiento de la Procuraduría General de Justicia, ésta enfrenta serios problemas para proporcionar los servicios que garanticen atención pronta y expedita ante los delitos a que se enfrentan los ciudadanos. El tiempo de espera para realizar la denuncia se ubica en ocho horas promedio y son largos los procesos que van de la ratificación de la denuncia a la designación de fecha para audiencia. Adicionalmente, la atención proporcionada por los servidores públicos muestra falta de empatía y sensibilidad, revictimizando a los ciudadanos denunciantes. Los espacios destinados a la atención de la ciudadanía, o incluso a los imputados, son inadecuados.
Adicionalmente, prevalece un manejo faccioso de la información para mostrar disminución en las estadísticas criminales. Lo anterior es producto, por un lado, de la desarticulación existente entre el diseño y la aplicación de los instrumentos normativos y protocolarios. Por otro lado, se ha detectado una cultura institucional basada en prácticas ancladas en el sistema inquisitorio anterior y que no priorizan la implementación de mecanismos alternativos para la solución de controversias y la justicia restaurativa basada en la mediación.
Con la débil implementación del Sistema Penal Acusatorio sólo se destinaron recursos para construir 20 Módulos de Atención para la Solución de Controversias, mismos que están subutilizados, pues solamente se atienden cerca de 10% de los asuntos que se presentan en las agencias del ministerio público, cuando la mayoría de los probables delitos podrían ser atendidos a través de la mediación, firma de convenios y reparación del daño, entre otros mecanismos.
Existe un gran rezago en las averiguaciones previas, carpetas de investigación, órdenes de aprehensión y dictámenes periciales. El rezago también es significativo en investigaciones de delitos graves, particularmente de los homicidios, feminicidios y desapariciones. Cada mes se acumulan aproximadamente 18 mil carpetas de investigación que carecen de sustanciación adecuada para que sean judicializadas, por lo que terminan clasificadas como no procedentes para la acción penal.
A pesar que en 2015 dio inicio la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, todavía imperan las inercias y vicios del sistema inquisitivo por lo que, en la transición a la fiscalía, se requiere de un programa de erradicación de dichas prácticas. Existe, además, desarticulación entre las áreas sustantivas, lo que impide contar con el soporte técnico jurídico para la argumentación de prisión preventiva. Existe también, una nula supervisión de los Módulos de Atención Oportuna y de las Unidades de Medicación.
No se ha realizado el análisis sistémico de la incidencia delictiva para su combate estratégico. En consecuencia, la institución opera sin una visión integral y con escasos resultados.
Asimismo, la Policía de Investigación (PDI) no está vinculada a las averiguaciones cotidianas, opera con procesos y tecnologías centralizadas que no están al alcance de los investigadores que realizan el trabajo directo. El personal no ve el servicio civil de carrera como medio para el desarrollo profesional y tiene escasos incentivos para funcionar de manera eficiente. En lo que respecta al Instituto de Formación Profesional (IFP) carece de presupuesto propio y de una planta académica estable que diseñe planes y programas de estudio. Además, no se cuenta con la infraestructura tecnológica para ofrecer cursos en línea o semipresenciales.
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