Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024
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1.2 Derecho a la salud
El derecho a la salud es un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y refrendado en la Constitución Política de la Ciudad de México.
La salud está determinada por una gran cantidad de factores relacionados con el acceso a bienes y servicios como: agua potable; condiciones sanitarias adecuadas; alimentos sanos y nutritivos; vivienda adecuada; condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente; acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.
Por esta razón, garantizar el derecho a la salud requiere el cumplimiento de otros derechos humanos que atiendan los determinantes sociales de la salud. Hacer efectivo el derecho a la salud implica, entre otras cosas, garantizar el más alto nivel de salud física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas, reconociendo su condición de sujetos de derecho.
Este derecho constitucional incluye la garantía de acceso a una atención médica oportuna y eficaz, el derecho a un trato digno, con calidad y calidez y el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, así como a la autodeterminación personal y la autonomía.
En años recientes, las políticas neoliberales, en particular el seguro popular, han reducido y corrompido el financiamiento del sistema público de salud y los programas sociales compensatorios han tenido un sesgo rural que limita la canalización de recursos federales para los pobres y excluidos de la ciudad. Adicionalmente, la gran segmentación del sistema de salud y fragmentación de la estructura de servicios para la población no derechohabiente en la ciudad, ha limitado la garantía de este derecho.
La población de responsabilidad directa del sistema de salud, coordinado por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), es de cuatro millones de habitantes, que son aquellos que no tienen seguridad social. La disponibilidad de servicios ambulatorios y hospitalarios presenta déficit en prácticamente todas las demarcaciones políticas, por lo que se observa una cobertura deficiente con problemas de disponibilidad, inadecuación y subutilización del sistema hospitalario.
A esto hay que agregar la falta de coordinación, hipertrofia y duplicidad de estructuras por la existencia de cinco organismos distintos de atención a la salud: Servicios Médicos y de Urgencias —directamente dependiente de la SEDESA—; Servicios de Salud Pública — Organismo Público Descentralizado—; Instituto de Atención y Prevención de Adicciones — IAPA—; Régimen Estatal de Protección Social en Salud —REPSS— y Agencia de Protección Sanitaria —APS—. Los dos primeros, prestan servicios a población sin seguridad social y sus arreglos organizacionales, estructuras laborales y mecanismos de coordinación son diferentes a los servicios prestados a la población con seguridad social contributiva. Esto perpetúa la fragmentación en la prestación de servicios médicos en el ámbito de responsabilidad de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
El déficit en los mecanismos de coordinación asistencial entre los diferentes establecimientos no garantiza la continuidad de atención a la salud. No existe un servicio metropolitano de atención a urgencias que responda oportuna y profesionalmente a las emergencias médico- quirúrgicas. Se necesita una coordinación efectiva con la Cruz Roja, con el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y con los servicios similares de los municipios conurbados.
Esto permitiría responder de forma rápida, protocolizada, unificada y de calidad.
En términos de gestión prevalece una cultura organizacional autoritaria y patrimonialista que favorece el centralismo, los grupos de interés y el burocratismo. Las unidades de salud operan con plantillas incompletas, con gran desvalorización del trabajo y sin mecanismos de monitoreo de la calidad de la atención.
A esto se agrega un importante rezago en la infraestructura y el mantenimiento de los inmuebles; falta de modernización del equipo médico; deficiencias en los procesos de control de insumos, medicamentos, prótesis y órtesis, que favorecen el dispendio, la elevación de costos, la fuga de recursos, el desabasto y la inadecuada atención a las personas que los necesitan.
La estrategia de atención a la salud parte del reconocimiento de la salud como un derecho humano que fortalece las opciones de vida sana de las personas y permite construir oportunidades para su desarrollo y florecimiento.
El compromiso es desplegar un modelo de atención a la salud que sea universal, equitativo e integral. Un sistema de salud integrado para ofrecer todas las posibilidades de atención a la población; resolutivo para atender en forma segura, suficiente; con capacidad técnica y trato digno; participativo para abrir espacios a la población en la toma de decisiones sobre salud; solidario para atender a la población de los municipios conurbados, a migrantes y a otras poblaciones móviles; intercultural para promover el respeto a la diversidad cultural; regionalizado para construir redes de servicios en los territorios que fortalezca su capacidad de respuesta a problemas locales específicos, y transparente en el uso de recursos públicos.
Objetivo general
Garantizar el derecho a la salud de las personas que no tienen seguridad social y establecer coordinación con los servicios de salud federales para fortalecer el sistema público de salud universal, integral, incluyente, equitativo y solidario que contribuya a mejorar la calidad de vida y la reducción de los riesgos a la salud.
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