Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México
Ciudad de derechos y derecho a la Ciudad
0.5 Diagnóstico estratégico
En esta sección se presenta el diagnóstico realizado sobre el estatus actual de cada uno de los ejes. Las secciones son:
0.5.1 Los retos principales
0.5.2. Ciudad igualitaria y de derechos, de cuidados y bienestar
0.5.3. Ciudad próspera y dinámica
0.5.4. Ciudad sustentable, sana y resiliente
0.5.5. Ciudad con equilibrio y orden territorial
0.5.6. Ciudad en paz y con justicia
0.5.7. Ciudad innovadora y basada en conocimiento
0.5.8 Ciudad de gobierno honesto, cercano y buena administración
0.5.1 Los retos principales
La Ciudad de México es la capital nacional más antigua de América y una de las más longevas del mundo. Su existencia suma ocho siglos plenos de historia y cultura que la han forjado hasta nuestros días y que han sido fundamentales para el progreso de la nación. La grandeza de su pasado, la generosidad de su presente y la evocación del futuro que todos deseamos para nuestra ciudad, es la motivación del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México.
La vigencia de la Ciudad de México como ciudad progresista de vanguardia, diversa, plural, abierta, solidaria, democrática, innovadora y compleja, es referencia para otras metrópolis del país y del extranjero. Los habitantes de esta gran urbe somos depositarios de un patrimonio económico, social, cultural y ambiental que debemos proteger, disfrutar, enriquecer y compartir, pues es parte esencial de nuestra identidad como ciudadanos, indispensable para el progreso y la calidad de vida, y también es fundamental en nuestro sentido de pertenencia a la nación.
La capacidad social y productiva de la ciudad ha permitido un desarrollo humano considerable, que destaca en el país y entre otras capitales nacionales, pero a la vez ha generado distorsiones y rezagos que es necesario revertir. Enseguida se presenta un panorama general que acentúa los retos principales a enfrentar durante las próximas décadas en los grandes temas que organizan este Plan General de Desarrollo.
0.5.2. Ciudad igualitaria y de derechos, de cuidados y bienestar
La Ciudad de México tiene el mayor ingreso por persona del país y posee una base productiva de gran valor y potencial, cuenta con una sociedad pujante y una población educada, ha consolidado instituciones y políticas, pero aun así los niveles de desigualdad son elevados y no ha logrado generar procesos sostenidos de reducción de la pobreza en las últimas décadas. Entre 2012 y 2018 hubo un incremento importante, tanto en el número absoluto como en el porcentaje de personas en pobreza, en todas sus formas, que se prevé continuará como consecuencia de la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.
Así mismo, hay una serie de tendencias sociodemográficas, como el envejecimiento de la población, los cambios que se dan en razón de la dependencia económica, así como la prevalencia de altas tasas de fecundidad adolescente y en población joven, que han generado una profunda transformación en las estructuras de los hogares y las dinámicas en su interior, lo cual ahonda la complejidad que caracteriza a los entornos de pobreza y rezago social.
La Ciudad de México se encuentra en un proceso de decrecimiento poblacional y en 20 años podría perder el 8% de sus habitantes. Hoy la ciudad está muy cerca del crecimiento demográfico cero y se acelera el proceso de envejecimiento. En los años treinta de este siglo, la tasa de mortalidad superaría a la de natalidad, y a partir de ese momento la población empezaría a decrecer en forma continua. Entraríamos a una etapa de dinámica demográfica nunca antes vista en la historia local. Dejar que la población siga un decrecimiento acelerado no es un escenario aceptable, a pesar de las complementariedades derivadas de las relaciones e interdependencias en la megalópolis.
De continuar las tendencias, en el año 2040 la esperanza de vida al nacer se ubicaría alrededor de los 80 años, lo que significa que en los próximos años no habría un incremento sustancial en el número medio de años que se espera vivan los recién nacidos.
Aún así, se mantiene el potencial del aprovechamiento del bono demográfico, el cual se asegurará al generar más y mejores empleos y condiciones económicas adecuadas para la población joven. La maduración de la transición demográfica impone retos formidables para las próximas décadas, al comenzar por la necesidad de lograr al menos un crecimiento cero de la población, pero sobre todo en lo que se refiere a ofrecer condiciones adecuadas de salud, bienestar, cuidados, socialización y otras para las personas mayores de 65 años, que llegarían a 2 millones en 2040. La infraestructura, la vivienda, los espacios públicos, los servicios comunitarios, la movilidad y, en general, las condiciones urbanas deberán adaptarse para facilitar la vida de ese grupo, en particular para las mujeres, que tienden a vivir más años. La innovación tecnológica y social desempeñarán un papel fundamental en la mejora de los hogares y los entornos urbanos en los que vivirá una creciente población de ancianos. La economía urbana y la hacienda pública deberán ser suficientemente prósperas para garantizar su mejor calidad de vida, pensiones y servicios adecuados.
La estructura y la dinámica económica de la Ciudad de México no han logrado reducir la informalidad del empleo, ni tampoco las condiciones críticas de ocupación, lo cual imposibilita modificar, en el corto plazo, las condiciones estructurales que determinan los niveles de pobreza e inseguridad alimentaria por insuficiencia de ingresos.
Persisten fenómenos como la discriminación y la violencia de género, los cuales son tanto factores de empobrecimiento como de negación, interrupción o privación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población de la Ciudad de México.
Todo lo anterior justifica y demanda de una política pública con una visión integral y de largo plazo, con nuevos horizontes de bienestar y garantía universal de los derechos humanos de la población.
En las últimas décadas se registra un incremento en la cobertura de salud en la Ciudad de México, que destaca avances en la atención de padecimientos crónicos y degenerativos. La ciudad cuenta con importantes activos sanitarios. Por ejemplo, la razón de médicos en instituciones públicas de salud en contacto con el paciente es de 3.9, en tanto que la media nacional era de 1.8, en 2015. En la Ciudad de México ha ocurrido una transición epidemiológica caracterizada por la disminución de las enfermedades infecciosas y el incremento de las crónico-degenerativas. A pesar del esfuerzo de reconversión hospitalaria para enfrentar la pandemia de SARS-CoV-2, y el renovado interés de la salud pública por atender las principales enfermedades crónico-degenerativas identificadas como factores de comorbilidad en los casos de COVID-19, se requiere una reorientación de los servicios, enfocada en su prevención, detección temprana y atención.
La salud mental es también parte esencial del bienestar, la dignidad, la autoestima y el libre desarrollo de la personalidad, así como un factor fundamental de la productividad laboral. Es necesario incorporar de manera orgánica los padecimientos mentales como parte de la atención básica del sistema de salud, lo que requiere de importantes inversiones, tanto en personal como en infraestructura, que permitan una adecuada prevención, detección, acompañamiento y atención de estos padecimientos.
La Ciudad de México se reconoce como un espacio inter y pluricultural, que reconoce y respeta los derechos a una identidad cultural, al acceso y participación en las actividades asociadas, a emprender proyectos y realizar iniciativas culturales, entre otros, que configuran un entorno avanzado para una sociedad que se reconoce y expresa en su cultura.
Nuestra ciudad tiene una gran riqueza cultural y un alto potencial creativo. Dispone de un patrimonio vasto, por los monumentos y construcciones catalogadas, los sitios declarados como patrimonio de la humanidad, las actividades artísticas que se ofrecen cotidianamente, la gran comunidad de creadoras y creadores culturales, la riqueza y vitalidad de tradiciones y prácticas comunitarias y populares, el valor de sus patrimonios intangibles, la presencia de instituciones consolidadas, los aportes de organizaciones y fundaciones sociales y privadas, y otros elementos que conforman un sistema cultural vivo y pujante.
Las obras para la protección del Centro Histórico y de otros centros en las alcaldías, realizadas en las últimas dos décadas, han permitido recuperar y valorar mejor una parte del patrimonio. Sin embargo, la protección del patrimonio material e inmaterial es insuficiente. Apenas más de la mitad de las edificaciones que requieren protección por su valor y carácter histórico están catalogadas, y no opera un plan de manejo de largo plazo para el área chinampera del Sur de la ciudad, considerada patrimonio de la humanidad. Las prácticas culturales están en constante transformación y, en años recientes, la asistencia a recintos, actos y otras posibilidades de acercamiento a expresiones artísticas y culturales dejó de crecer; a consecuencia de la pandemia por la covid-19, dicha afluencia ha disminuido, lo que impone un reto adicional a vencer. La oferta de bienes y servicios culturales es muy desigual en términos territoriales. Desde otra perspectiva, el aporte de la actividad cultural a la economía de la Ciudad de México se encuentra en declive.
El derecho a una vivienda adecuada, por último, es un derecho que se reconoce desde el ámbito internacional y en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, así como en la Constitución Política de la Ciudad de México. A pesar de ello, es uno de los retos más grandes: promover y construir viviendas dignas para toda la población, con inclusión social y soluciones constructivas sustentables, en especial para los sectores más vulnerables, que incluyen madres de familia y personas mayores.
En un panorama de desigualdad y de encarecimiento del suelo, la demanda de vivienda para los sectores de menores ingresos no ha sido atendida plenamente. El mercado sólo atiende al sector formal que es capaz de contratar financiamiento, dado que los esquemas de acceso a crédito son limitados.
La falta de alternativas se traduce en hacinamiento, con clara incidencia en la pobreza, las condiciones sanitarias y la convivencia, así como en la ocupación irregular del suelo de conservación y en zonas de alto riesgo.
0.5.3. Ciudad próspera y dinámica
A lo largo de las últimas décadas, igual que en otras grandes ciudades del mundo, la Ciudad de México ha transitado a una estructura productiva cada vez más centrada en el sector de servicios –muchos de ellos de alto valor agregado por persona trabajadora–, el cual da cuenta de más del 80% de su producto interno bruto y mantiene un sector manufacturero que si bien ha perdido peso relativo, es importante y altamente productivo en algunas ramas. Esta evolución de su estructura de producción y empleo, en el contexto de una tendencia al estancamiento demográfico, ha conducido a que la Ciudad de México haya alcanzado un nivel de ingreso por habitante similar al de algunos países desarrollados.
La expansión de los servicios modernos y de alta productividad se ha concentrado geográficamente en pocas zonas de la Ciudad de México y coexistido, además, con la persistencia de un amplio sector informal en el que predominan bajos niveles de productividad y remuneraciones, condiciones de trabajo precarias, falta de acceso a servicios de salud y la ausencia de vínculos contractuales formales. La polarización de la actividad se prolonga en el tiempo, pues las actividades modernas tienen la capacidad de incorporar el progreso tecnológico y, por tanto, de aumentar sistemáticamente sus niveles de productividad y de remuneraciones, mientras que las actividades informales carecen de los medios para hacerlo.
Este estado de cosas se ha traducido en una dinámica social marcada por la desigualdad en distintas vertientes y cuya reducción sustantiva es uno de los impulsos centrales de este Plan General de Desarrollo. En el plano económico se observan fuertes desigualdades en al menos tres frentes. La primera y más obvia es la desigualdad de ingresos, producto de la polarización entre los empleos bien remunerados y los precarios. En segundo lugar, destaca la desigualdad de género, que se expresa en una brecha salarial significativa entre hombres y mujeres, y en una serie de obstáculos, con frecuencia de muy difícil superación, para la incorporación de un gran número de mujeres a la fuerza de trabajo, aun cuando manifiestan la voluntad de hacerlo. Se trata de un potencial que, en el contexto de una población estacionaria, constituye una fuente de impulso al crecimiento de la producción de enorme valor. Por último, la actividad económica de alto valor agregado por persona trabajadora tiende a concentrarse territorialmente en determinadas alcaldías, y áreas dentro de ellas, lo que conduce a una elevada desigualdad territorial, en el nivel de ingresos y en la calidad de vida de distintas áreas de la ciudad, amén de contribuir a agudizar algunos de los problemas urbanos más acuciantes como la movilidad y el deterioro del medio ambiente.
El reto central en materia económica consiste, en consecuencia, en romper esta polarización multidimensional de la actividad y el empleo. Para lograrlo es necesario aprovechar y articular las grandes ventajas que dispone la ciudad, al crear las condiciones para generar y atraer montos de inversión crecientes, y con una mayor dispersión territorial, a las ramas más dinámicas y de mayor ingreso y capacidad de innovación; por ejemplo, en servicios, turismo y manufactura de alta productividad e innovación. Se trata de crear más empleos dignos, en los que elevados niveles de productividad se correspondan con mejores remuneraciones y acceso a las prestaciones de la seguridad social que el sector informal es incapaz de proveer de forma integral, de manera que un número creciente de ciudadanos esté en posición de ejercer sus derechos.
Se busca acelerar el crecimiento, una ciudad más dinámica, que deberá centrarse en sectores cada vez más productivos y en actividades innovadoras de alto valor agregado que incorporen los avances tecnológicos de los que está especialmente bien dotada. En la medida en que se modifique el balance entre empleos en estos sectores y los empleos precarios que caracterizan a la informalidad, se construirá una ciudad más próspera.
0.5.4. Ciudad sustentable, sana y resiliente
La Ciudad de México rebasó desde hace décadas sus umbrales de sustentabilidad. La expansión urbana sobre las zonas de bosques, la elevada demanda de agua y el reducido tratamiento de las descargas, el escaso tratamiento de los residuos urbanos, las afectaciones al paisaje, entre otras expresiones del deterioro ecológico, configuraron una crisis ambiental que afecta la salud y el desarrollo. Esta crisis fue enfrentada tardíamente y ahora los efectos del calentamiento global generan riesgos adicionales. Sin embargo, existen condiciones y experiencias que nos han demostrado que es posible encontrar soluciones para mejorar las condiciones ambientales.
Los retos en la búsqueda de la sustentabilidad de la Ciudad de México son, principalmente, evitar la sobreexplotación de los acuíferos, mejorar la calidad del aire e impedir afectaciones de los contaminantes a la salud, mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, alcanzar el aprovechamiento pleno de los residuos sólidos, frenar las afectaciones al suelo de conservación, conservar las áreas protegidas y la biodiversidad, disponer de áreas verdes suficientes y cercanas a la población. Estos retos suponen transformaciones intensas en las dinámicas del desarrollo urbano, las formas de movilidad y transporte, los patrones energéticos y la calidad de los combustibles, las modalidades del desarrollo económico, los valores y la participación de la sociedad, la coordinación más eficiente en los organismos de la megalópolis y otros elementos que cruzan prácticamente todas las dimensiones de este Plan.
Los peores años de contaminación atmosférica se registraron en la última década del siglo xx, y el esfuerzo conjunto mostró que es posible frenar y revertir estos graves procesos de degradación y deterioro. Los avances y beneficios de las políticas en movilidad, normas de residuos sólidos o de gasolinas también son casos que marcan pautas positivas, con resultados tangibles. Estos antecedentes indican que es posible lograr cambios más significativos y radicales en la agenda ambiental y por tanto en la calidad de vida. Hay experiencia institucional, conocimiento, alternativas tecnológicas probadas y conciencia ciudadana que dan mejores condiciones para potenciar cambios profundos hacia la sustentabilidad.
La crisis ambiental también está marcada por las desigualdades socioterritoriales. Los contrastes se muestran tanto en el acceso al agua potable y a los servicios de drenaje, como en la disponibilidad de áreas verdes y de servicios de recolección de residuos sólidos. Mientras la Organización Mundial de la Salud recomienda que en las ciudades existan como mínimo entre 9 y 12 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, en la Ciudad de México algunas alcaldías tienen menos de 3 metros cuadrados. Como ocurre con otras dimensiones de la desigualdad, las zonas Norte y Oriente de la Ciudad de México son las más desfavorecidas en estos y otros aspectos. Por ello, las estrategias de sustentabilidad tienen en cuenta la necesidad de cerrar las brechas de desigualdad en calidad ambiental y de considerar, en todas sus implicaciones, la coordinación entre la zona metropolitana y la megalópolis.
La generación de residuos sólidos, el procesamiento y su disposición final, son problemas de gran magnitud; una proporción muy baja de las trece mil toneladas diarias que se producen son aprovechadas o recicladas, y hay pocos incentivos para ser incorporados por la industria en nuevos procesos. Es muy limitado el avance en la industria energética asociada al aprovechamiento y la conversión de los residuos, incluidas plantas de tratamiento de agua. Las transformaciones contempladas por el Plan abarcan opciones de economía circular, tanto en oportunidades de inversión, generación de empleos dignos y establecimiento de cadenas productivas innovadoras.
El suelo de conservación enfrenta presiones por los cambios de uso de suelo, los asentamientos humanos, la presencia y disposición clandestina de residuos, la contaminación por descarga de drenaje, los incendios forestales, las plagas y la pérdida de suelo, entre otras. La protección del suelo de conservación es crucial para la seguridad y resiliencia de la Ciudad de México, por lo que se requieren estrategias para prevenir nuevas afectaciones. Una de las mayores afectaciones, con antecedentes desde la época colonial, es el desecamiento de cuerpos de agua y la pérdida de ríos y manantiales, cuya restauración se emprenderá como parte de una política de infraestructura verde multifuncional, que comprende la disminución de riesgos de inundación, medidas para la mayor infiltración de agua y la apertura de nuevos espacios de recreación.
En todo el valle de México, y las cuencas aledañas asociadas al sistema Cutzamala, de donde la ciudad se abastece de agua superficial y subterránea, existe un deterioro y pérdida de bosques, abandono de tierras de cultivo y prácticas productivas insustentables, procesos que en conjunto ponen en riesgo la resiliencia de la ciudad. La inversión y atención con políticas públicas en esas zonas ha sido mínima, intermitente, con poca uniformidad y coherencia institucional. Se requiere transitar hacia un manejo sustentable del agua que garantice el derecho de los habitantes al agua potable y a la sanidad y un manejo integral de riesgos.
La Ciudad de México vive un contexto de alta exposición a la incidencia de fenómenos de origen natural como sismos, erupciones volcánicas, tormentas severas y otros, así como a los riesgos de origen social y sanitario, como la epidemia por el virus SARS-CoV-2 que la aqueja en la actualidad. El deterioro de la infraestructura, el crecimiento urbano no planificado y el insuficiente cumplimiento de los códigos, normas de construcción y programas de ordenamiento territorial, han generado un incremento en la vulnerabilidad de la ciudad y de su población. Los peligros de diferente tipo persistirán y ante ello es indispensable una mejor preparación para enfrentar los riesgos, comprenderlos mejor y construir una ciudad más segura de manera colectiva. Las afectaciones producidas por los fenómenos naturales pasados, y el tiempo de recuperación asociado, ponen de manifiesto que las capacidades de prevención y respuesta de la Ciudad de México se han visto rebasadas. Los recursos destinados a los fondos de atención y prevención de desastres han sido insuficientes y ha predominado un énfasis reactivo. Es necesario reorientar la estrategia hacia un enfoque de gestión integral de riesgos, para incrementar la seguridad de la población y la protección de su patrimonio.
0.5.5. Ciudad con equilibrio y orden territorial
En la Ciudad de México el reto más importante es disminuir las desigualdades territoriales, que afectan en mayor medida a la población que no cuenta con una accesibilidad inmediata y de calidad a espacios públicos, movilidad eficiente, vivienda asequible e incluyente, agua potable y saneamiento, servicios públicos, y cercanía a los centros y subcentros urbanos generadores de empleo e intercambio comercial.
La condición de inequidad territorial se fortalece con la insuficiencia de instrumentos de planeación y ordenamiento urbano, acordes con las nuevas transformaciones, con una visión metropolitana y de derechos, que permitan generar los acuerdos necesarios para una mejor coordinación. Existe un universo desactualizado y disperso de normas y programas de ordenación territorial y ambiental, cuya aplicación ha sido compleja y en muchos casos discrecional. El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México data de 1999 y el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad fue aprobado en 2003.
A pesar de las restricciones geográficas de la ciudad, la mancha urbana ha crecido en las décadas recientes, de una manera extensiva y a costa del suelo de conservación, al retrasar la reorientación hacia una urbe más densa y compacta, que propicie la cercanía de vivienda y centros de trabajo, servicios y espacios públicos. Las grandes diferencias de servicios, infraestructura, espacios verdes y otras ventajas entre el Centro-Poniente y el Norte, Oriente y Suroriente de la ciudad no sólo permanecen, sino que en algunos aspectos se han agravado.
La desigualdad territorial es también exclusión social, impulsada por dinámicas económicas que encarecen el suelo y la vivienda en las zonas mejor dotadas, y que orillan a la población de menos recursos a buscar terreno y vivienda en áreas más baratas, pero con menor calidad de vida, y en el suelo de conservación, en el que se mantiene aún la cobertura vegetal mejor conservada, a pesar de las afectaciones de larga data.
Los espacios públicos y las áreas verdes, indispensables en una ciudad con buena calidad de vida y opciones para la convivencia, son insuficientes, se encuentran deteriorados en su mayoría y son también una expresión de la marcada desigualdad socio territorial de la Ciudad de México. Mejorar y ampliar esos espacios, con un criterio de justicia territorial, es una prioridad clave en la reordenación urbana, junto con la protección del valioso patrimonio histórico y cultural que caracteriza a la ciudad.
El patrón de ocupación de la zona metropolitana y de la propia ciudad impone la realización de largos recorridos diarios para la mayor parte de la población, en un transporte público deficiente e inseguro. El sistema de movilidad de la Ciudad de México tiene enormes problemas estructurales que se pueden resumir en tres aspectos fundamentales: fragmentación institucional de los sistemas de movilidad; ineficiencias en la infraestructura y servicios de transporte público; e inequidad en los tiempos y la calidad de los viajes. En los últimos años se registran avances en la movilidad sustentable, acompañados de nuevos marcos normativos, pero estos no han resuelto los problemas estructurales de coordinación que impiden establecer un sistema integrado de transporte. Se requiere una política que garantice accesibilidad y condiciones adecuadas de viaje a toda la población, particularmente la de menores ingresos, la cual reside en las periferias de la ciudad.
La falta de integración en los sistemas de movilidad se traduce en fenómenos que dificultan los viajes cotidianos y generan problemas de desigualdad en el acceso a la ciudad. La dotación de infraestructura de transporte público no ofrece la misma cobertura y calidad que en la zona Centro, lo que deriva en más trasbordos para llegar al destino y provoca viajes largos, fraccionados, con largos tiempos de espera. Además, el servicio de transporte público concesionado opera de forma desorganizada, sin condiciones mínimas de operación, coordinación y planeación para los concesionarios de rutas. Esta fragmentación ha sido intersectorial: la política de movilidad carece de una coordinación adecuada con políticas y programas de ocupación territorial y uso de suelo. La mancha urbana ha desbordado los límites administrativos de la ciudad, lo cual produce desplazamientos de larga distancia, colapsa las vialidades y los modos de transporte colectivo y, por su extensión, desincentiva la caminata y el uso de la bicicleta.
La Ciudad de México carece de un sistema robusto de gestión y control de tránsito vehicular, y de una red que integre, coordine y opere los servicios de transporte público. En los últimos dos años se ha renovado gran parte de la flota de trolebuses del Servicio de Transporte Eléctricos y de buses de la Red de Transporte de Pasajeros, a lo que se suma el reemplazo de vías en el tren ligero y un programa de mantenimiento y renovación del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Sin embargo, el rezago es grande, particularmente en el transporte concesionado, en el cual se realizan tres de cada cuatro viajes en transporte público; el promedio de antigüedad de estas unidades es 18 años y el 78% sobrepasa los diez años de vida útil. A su vez, la atomización de la propiedad de las unidades, sumada a un modelo de negocio inadecuado y la carencia de mecanismos de gestión de flota, genera sobreoferta en algunos corredores, bajas velocidades operacionales y recorridos redundantes. Estas ineficiencias también se viven en la movilidad individual, donde la carencia de un sistema de gestión vial y la debilidad de la unidad operativa de control de tránsito lleva a una congestión vehicular insoportable.
La inequidad del sistema de movilidad se refleja especialmente en diferencias en los tiempos promedio de traslado; un viaje cotidiano dura 52 minutos en promedio, pero en transporte público es 32% más tardado. El 48% de los viajes se realizan en transporte público, usado mayoritariamente por la población de menores ingresos que vive en la periferia. El grupo de personas que pertenece al estrato bajo invierte cerca del doble del tiempo por traslado que las personas de estratos medio alto y alto, que en gran medida se mueven en automóvil. Al no haber integración tarifaria entre los distintos modos de transporte colectivo, la población de menos recursos que vive en las periferias gasta más por estos servicios que la que vive en zonas céntricas. Esta situación de inequidad afecta particularmente a las mujeres, que tienen casi un 50% menos de acceso a modos motorizados privados que los hombres y que, por lo tanto, son altamente dependientes de servicios de transporte público usualmente lentos, incómodos e inseguros. Las soluciones de transporte público seguras, limpias y oportunas también son clave para promover la navegación urbana amigable con los usuarios y el ambiente.
0.5.6. Ciudad en paz y con justicia
La Ciudad de México cuenta con fortalezas que hacen viable lograr un entorno de paz y con justicia. El estado de fuerza de la policía de la Ciudad de México es de 4.5 elementos por cada mil habitantes, cifra muy por encima del promedio de 1.05 de las policías preventivas estatales del país y del estándar mínimo que es de 1.8. De igual manera, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) opera y monitorea un sistema que incluye más de 15 mil cámaras de vigilancia.
En los últimos años, la Ciudad de México experimentó una espiral de violencia con incrementos evidentes en la inseguridad y la incidencia delictiva. Como consecuencia, en 2018 la tasa de víctimas de delitos por cada cien mil habitantes fue de 42,603, muy por encima del promedio nacional que fue de 28,269.
Dicho incremento obedece a distintos factores, como la disminución de acciones para la prevención del delito y la vinculación con la ciudadanía, un incremento de la percepción de corrupción y la falta de una buena coordinación entre las áreas de seguridad pública y de procuración de justicia.
En lo que respecta al sistema de justicia, entre los habitantes de la Ciudad de México priva la desconfianza hacia el Ministerio Público y la Policía Ministerial, la cual es reforzada por altos niveles de impunidad frente al delito.
0.5.7. Ciudad innovadora y basada en conocimiento
El acceso desigual a los bienes informáticos y la economía digital es otro factor de inequidad social y económica. Esta nueva desigualdad agudiza las condiciones de pobreza, expresada en el consumo, la demanda y la capacidad de usar las tecnologías de la información y comunicación y excluye a mujeres, niñas, niños y jóvenes y otros grupos vulnerables de las actividades económicas modernas y productivas asociadas al uso de las tecnologías.
La brecha digital que prevalece en la Ciudad de México hace impostergable promover actividades para la efectiva apropiación de las tecnologías de la información y comunicación por la sociedad. No se ha logrado un aprovechamiento eficiente de las tecnologías más avanzadas y su integración en funciones como la gestión de los datos personales, el transporte inteligente, la seguridad pública, la educación escolar y el teletrabajo, entre otras. El equipamiento urbano debe contar con una infraestructura de comunicaciones, redes y servidores que hagan posibles los beneficios del internet para todas las personas y sus hogares, los servicios públicos, las empresas y negocios, como parte del sistema nervioso de la Ciudad de México.
No se cuenta con una política sostenida de monitoreo de las condiciones de las infraestructuras críticas, incluidas carreteras, puentes, túneles, ferrocarriles, metro, aeropuertos, telefonía, datos, agua, energía, edificios grandes y otros espacios, para optimizar el uso de los bienes públicos de la ciudad, planificar las actividades de mantenimiento preventivo y hacer seguimiento de los aspectos de seguridad, mientras se maximiza la oferta y la calidad de los servicios a sus ciudadanos.
La Ciudad de México carece de una infraestructura digital avanzada, que incluya la integración de la inteligencia artificial y la supercomputación, imprescindible para facilitar respuestas rápidas y eficientes a las emergencias y a los desafíos, tanto naturales como producidos por la actividad humana.
El uso insuficiente de infraestructura digital y la ausencia de políticas que eviten conductas intrusivas han implicado un monitoreo fragmentado y sin visión integral del entorno físico, el aire, el agua y los espacios verdes, necesarios para optimizar el entorno vital, la convivencia, la seguridad y la sociabilidad de las comunidades.
La Ciudad de México ha tenido la aspiración de convertirse en una ciudad del conocimiento, aunque aún no cuenta con suficientes empresas innovadoras que generen oportunidades de empleo digno y mejor remunerado, lo que supone la integración de la comunidad y así lograr que sea seña de identidad una cultura de aprendizaje permanente, atractiva, colaborativa, inclusiva y basada en las propias capacidades de la ciudad. Sin esto se perderá la oportunidad de atraer y retener el talento que es capaz de provocar transformaciones hacia esa ciudad del conocimiento.
0.5.8 Ciudad de gobierno honesto, cercano y buena administración
La democracia es, en primer lugar, la elección libre y abierta de los gobiernos por parte de los ciudadanos. Pero la dimensión electoral no basta, los gobiernos deben hacer su trabajo democráticamente y fomentar la participación ciudadana.
La democracia de elección debe volverse también democracia de ejercicio, cuyos fundamentos son la eficacia para resolver problemas, gestionar demandas, proveer de servicios y de bienes públicos, escuchar a la ciudadanía y abrir espacios para su participación en la decisiones y colaboración en el ejercicio de las políticas y programas públicos, actuar con transparencia; en suma, para refrendar la confianza social en el gobierno y sus instituciones todos los días.
El derecho al buen gobierno, consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de México, marca una tarea de Estado con enormes dimensiones y consecuencias. Se trata de la política del Estado sobre sí, sobre todo lo que hace y ejecuta, con honestidad, transparencia y rendición de cuentas, y en armonía con la ciudadanía. El objetivo es profundizar y enraizar la democracia en la relación cotidiana del gobierno y sus representados.
En conjunto, se trata de que la capital del país cuente con un aparato estatal renovado, fortalecido, próximo a la ciudadanía y se conciba como un actor y promotor del crecimiento, el bienestar y la dignidad de las personas, así como garante de sus derechos.
El combate a la corrupción es el componente número uno, pues la extensión de ese fenómeno ha corroído, tanto el funcionamiento gubernamental como la relación con la ciudadanía. Los instrumentos para utilizar comienzan con abatir la impunidad y con el castigo de quienes cometan cualquier ilícito o abuso en sus funciones; con la ejemplaridad de los mandos superiores; con un vigoroso sistema de auditoría y contraloría, y con la transparencia en cada uno de sus actos.
El gobierno abierto es el instrumento que impulsará tanto el combate a la corrupción, como la eficiencia en los trámites y la transparencia de la labor estatal. La progresiva edificación de un gobierno digital es por esta razón un componente clave.
La honestidad, integridad y probidad de los funcionarios encargados de proveer el buen gobierno será posible mediante la consolidación del servicio profesional, cuya expansión debe ser sostenida en los siguientes años. En otras palabras, el objetivo consiste en que los concursos de selección, el ascenso y la permanencia del personal dependan del mérito demostrado por el trabajo eficaz y honesto de hombres y mujeres.
Finalmente, todo esto será posible si la Ciudad de México se compromete con un plan hacendario de largo plazo que sea capaz de mantener el equilibrio de sus finanzas públicas, mientras garantiza los servicios y los bienes propios de un Estado de Bienestar como al que aspira una ciudad abierta y solidaria, en un marco de crecimiento económico sostenido.
La estructura fiscal que debe soportar la gestión del buen gobierno y el Estado de Bienestar será el resultado de reformas sucesivas, respetuosas de los principios de progresividad, equidad y simplicidad. Se trata de que los recursos propios de la Ciudad de México sean un componente cada vez más importante de su presupuesto total, como expresión de una economía sólida y sana. La visión del programa devuelve al Gobierno de la Ciudad de México a su papel central, garante y proveedor de los satisfactores esenciales y de los bienes públicos que son necesarios para la gran tarea del desarrollo.
Denuncia un problema
Este contenido no es apropiado?
Compartir: