Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México
Ciudad de derechos y derecho a la Ciudad
0.3 Ciudad
En esta sección se presentan todos los ejes:
0.3.1 Ciudad igualitaria y de derechos, de cuidados y bienestar
0.3.2 Ciudad próspera y dinámica
0.3.3. Ciudad sustentable, sana y resiliente
0.3.4 Ciudad con equilibrio y orden territorial
0.3.5. Ciudad en paz y con justicia
0.3.6. Ciudad innovadora y basada en conocimiento
0.3.7. Ciudad de gobierno honesto, cercano y buena administración
0.3.1 Ciudad igualitaria y de derechos, de cuidados y bienestar
El logro de la igualdad sustantiva de las personas, el cierre de las brechas económicas, sociales y territoriales, y el ejercicio efectivo de los derechos. Para asegurar una vida digna a todas las personas que la habitan, la Ciudad de México invertirá en procesos de educación innovadora, gratuita, laica, universal y a lo largo de la vida, que contribuya a eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres, erradicar la pobreza y desarrollar capacidades ciudadanas y gubernamentales para abatir los rezagos y las carencias que la causan.
Las mujeres ejercerán plenamente su derecho a la igualdad sustantiva y a la participación política en la toma de decisiones de la vida comunitaria, en el ejercicio del servicio público y en la actividad económica, al lograrse y mantenerse la paridad de género en todos los ámbitos, específicamente en el parlamentario y de gobierno, y en las posiciones jerárquicas en el sector privado. Mujeres y hombres desde la sociedad y el gobierno rechazarán y combatirán los estereotipos de género, todas las formas de cosificación y estigmatización de las mujeres y las niñas, la explotación de niñas y mujeres con fines sexuales y reproductivos, y todas las formas de discriminación por razones de género. Esto se logrará con cambios estructurales que inicien en el ejercicio pleno del derecho a la memoria, generador de una narrativa de igualdad que erradique al nocivo patriarcado histórico, que borra el reconocimiento y los méritos de las mujeres a lo largo de la Historia. Se habrá puesto fin a todas las formas de acoso y violencia contra las mujeres y se habrán fortalecido y generalizado en todo el territorio de la entidad mecanismos de alerta temprana para la prevención de estas conductas. Las políticas en favor de la autonomía y la igualdad sustantiva de las mujeres tendrán la más alta prioridad y soporte presupuestal.
Se reconocerá plenamente la aportación económica de las mujeres a la sociedad por su trabajo en el hogar y en los cuidados, y se creará un Sistema Universal de Cuidados y Bienestar que contribuya a la redistribución de estas labores y al abandono de los estereotipados roles de género. La educación sexual y reproductiva de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres ayudará a la prevención de la violencia sexual y de género desde temprana edad y habrá eliminado los embarazos adolescentes y no deseados. Todas las mujeres tendrán acceso a servicios de salud integral y ejercerán, en su caso, su derecho a solicitar servicios de interrupción legal del embarazo. La Ciudad de México garantizará la no discriminación contra las niñas y las mujeres y, en particular, contra las niñas y mujeres hablantes de lenguas indígenas, pertenecientes a comunidades indígenas residentes o migrantes, al garantizar el ejercicio de su derecho a la salud y facilitar su acceso a los servicios correspondientes.
La Ciudad de México reducirá la pobreza y erradicará el hambre, al garantizar el derecho de prioridad de niñas, niños y adolescentes a una alimentación adecuada y al ejercicio de todos sus derechos para su desarrollo integral, físico y mental. Para superar la pobreza, las personas pertenecientes a pueblos indígenas radicados en la Ciudad de México, constituirán un grupo de atención prioritario en materia de desarrollo de capacidades económicas, de productividad y empleo, así como de acceso a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, a los bienes informáticos y a la educación a lo largo de la vida.
En la Ciudad de México, sociedad y gobierno, impedirán sistemáticamente toda forma de discriminación y exclusión, en particular la que atente contra la dignidad de las niñas y las mujeres, las personas indígenas, las personas LGBTTTI+, las personas con discapacidad y las y los adultos mayores. Se garantizarán plenamente todos los derechos de las personas LGBTTTI+, a la salud, al empleo, a la educación y a una vida libre de violencia. Para todas las personas en la Ciudad de México, los derechos humanos serán plenamente garantizados, promovidos, respetados y protegidos.
El acceso a la educación, en tanto derecho humano fundamental, será plenamente garantizado en la Ciudad de México. La educación pública y gratuita será el eje de la transformación al intervenir en los procesos institucionales para desarrollar habilidades y capacidades individuales y comunitarias, propiciar el diálogo con la ciudadanía y avanzar en la reducción de las desigualdades. Por ello, se habrá construido un sistema educativo con recursos suficientes para garantizar a todas las personas el derecho a una educación gratuita, laica, de alta calidad, incluyente, intercultural, innovadora y de aprendizaje a lo largo de la vida, lo cual consolidará a la Ciudad de México como una ciudad educadora y del conocimiento. El promedio de escolaridad acumulada se elevará a 17 años, al atender a los grupos de población y zonas de la ciudad que más han padecido la exclusión educativa; entre ellos, las mujeres indígenas y la población en pobreza extrema. Todas las niñas, niños y adolescentes entre seis y 17 años asistirán a la escuela, de manera gratuita, en el nivel que corresponde a su edad y en planteles cercanos a sus domicilios.
Al enfrentar los desafíos planteados por el aumento de los riesgos a la salud, derivados del calentamiento global y el cambio climático, así como la aparición de enfermedades epidémicas, en particular la emergencia sanitaria causada por la epidemia de COVID-19, la Ciudad de México desarrolla capacidades individuales, comunitarias e institucionales que fortalecerán la capacidad de respuesta de la sociedad y el gobierno, y confirmarán la importancia de reducir las desigualdades y garantizar el derecho a la salud para todas las personas. Para contribuir a la promoción de estilos de vida sana, se garantizará el derecho al deporte, que será practicado en todas sus formas y en todas las colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales, al hacer énfasis en el deporte comunitario en zonas de alta y muy alta marginalidad social. Para ello se fortalecerá la infraestructura deportiva, al incluir la construcción de nuevos centros sociales y deportivos, así como la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de los existentes.
La Ciudad de México tendrá un sistema público de salud, universal, gratuito, integral, incluyente, equitativo y solidario y, por tanto, capaz de garantizar el derecho humano fundamental a la salud, con respeto a la autodeterminación personal y promotor del desarrollo de las capacidades individuales y de las comunidades para permanecer sanas el mayor tiempo posible, al adoptar estilos de vida saludables basados en una alimentación sana, la práctica del deporte y la convivencia comunitaria solidaria. Al poner en el centro la igualdad sustantiva de las personas, se habrán cerrado las brechas de acceso mediante la oferta de servicios de salud de calidad en las zonas que concentran la mayor población en situación de marginación. Se habrán elevado las condiciones de salud individual y comunitaria, y habrá aumentado la esperanza de vida de la población en particular en las zonas designadas como prioritarias. La morbilidad y la mortalidad habrán disminuido al atenderse los determinantes sociales de la salud relacionados con la marginación y patrones de consumo. El sistema de salud se habrá adaptado a los cambios demográficos y contará con un sistema robusto de atención geriátrica. La salud mental se atenderá de manera integral, con acceso a diagnóstico y tratamiento oportunos.
Se garantizará el ejercicio de los derechos culturales al reducir las brechas de acceso territorial y las desigualdades en la distribución del equipamiento y la construcción de infraestructura pública de calidad, así como en la oferta privada, para el goce y disfrute de los bienes culturales, así como para la producción, la creación y la manifestación artística y cultural en espacios públicos. La condición de ciudad pluricultural y multiétnica de la Ciudad de México se fortalecerá, al promover la capacidad de la cultura para la construcción de comunidad, mediante la promoción y el desarrollo de proyectos de base social, abiertos a todas las expresiones, y al tomar en cuenta destacadamente a los pueblos y barrios originarios y a las comunidades indígenas residentes, con la valoración, difusión y defensa de sus lenguas, cultura, saberes, tradiciones y cosmovisiones. El patrimonio histórico y cultural de la ciudad se protegerá intensivamente como derecho a la memoria y se promoverá entre la población su conocimiento, respeto, valoración y enriquecimiento, sobre todo del patrimonio inmaterial, así como del entorno biocultural natural y físico.
La Ciudad de México habrá retenido a sus habitantes y propiciado la atracción de población joven, con respeto al principio de libertad de tránsito. Habrá evitado el decrecimiento de la población e incrementado la esperanza de vida con salud y bienestar, y una mejor distribución demográfica en el territorio.
La Ciudad de México se habrá consolidado como ciudad igualitaria y de derechos, con los estándares de calidad de vida de las ciudades con mayor prosperidad e igualdad.
0.3.2 Ciudad próspera y dinámica
La transformación de fondo en la estructura productiva de la Ciudad de México fortalecerá la economía local para la construcción de una ciudad policéntrica, con espacios de desarrollo económico y bienestar distribuidos de manera equitativa en el territorio. El dinamismo de la ciudad permitirá reducir la pobreza y erradicar las carencias asociadas a ella, así como ampliar y sostener el bienestar de la población con empleos dignos, bien remunerados, trato igualitario a mujeres y hombres, seguridad social y pleno respeto a los derechos laborales. La actividad económica incorporará la innovación tecnológica con reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y uso sustentable de los recursos naturales, eficiencia en los usos de agua, alta productividad, generación y uso de energías renovables, y estará orientada por los principios de la economía circular.
Las industrias creativas, las manufacturas de alto valor, la infraestructura digital, la movilidad sustentable, los servicios turísticos y otras opciones compatibles con el entorno de la Ciudad de México, atraerán inversiones en las zonas actualmente rezagadas, para disminuir las desigualdades económicas territoriales y ofrecer oportunidades de trabajo de calidad. La política de desarrollo se proyectará con una perspectiva regional, metropolitana y de la megalópolis, sobre todo, pero no únicamente, en lo que se refiere a la infraestructura de interés común.
Se apoyará a la economía social y de barrio y a los pequeños emprendimientos para incrementar su productividad, apoyar su formalización y por su importancia en el enriquecimiento de la vitalidad local y la cohesión social. Los beneficios de las nuevas tecnologías se aprovecharán con mejor formación y habilidades digitales para todas las personas y mayor acceso a la educación técnica y profesional idónea.
0.3.3. Ciudad sustentable, sana y resiliente
La Ciudad de México logrará la sustentabilidad mediante la conciliación entre los límites que impone el ambiente natural de la cuenca, la reducción de las desigualdades sociales y las aspiraciones de mejorar la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones. Se acelerará la tendencia de mejora de la calidad del aire, necesaria para proteger la salud. La ciudad cumplirá con sus compromisos de acción climática al mitigar drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero con apoyo internacional. La huella ecológica se reducirá. Las áreas verdes se ampliarán para que la población disfrute de ellas cerca de sus viviendas, los ríos y cuerpos de agua serán restaurados, la biodiversidad se recuperará, se restaurarán las áreas protegidas y la naturaleza se incorporará al paisaje urbano.
El suelo de conservación se protegerá íntegramente al hacer un uso sustentable de sus tierras productivas como motor para la economía rural de la Ciudad de México, a incluir el pago por servicios ambientales, con lo que se frenará la deforestación. Las mejoras en la calidad de vida de los habitantes rurales de la ciudad ayudarán a frenar los cambios de uso de suelo, por lo que el tratamiento de sus asentamientos se abordará de manera conjunta como una agenda de medio ambiente y desarrollo urbano y social. Las poblaciones de zonas rurales y urbanas se habrán convencido de los beneficios de la restauración ecológica, porque contribuye a la resiliencia de toda la ciudad y de la zona metropolitana.
Los residuos serán aprovechados bajo las formas de la economía circular, con esquemas de reducción y separación desde la fuente y nuevas pautas para prolongar la vida útil de los productos que entran o se generan en la ciudad. Su aprovechamiento permitirá la generación de energía u otros productos, para hacer realidad la aspiración de una ciudad de basura cero. El manejo de los residuos permitirá una nueva economía verde y de cooperación, propiciará industrias emergentes y esquemas productivos innovadores.
Con el fortalecimiento normativo para compras verdes hechas con criterios de responsabilidad social, la ciudad extenderá, más allá de sus fronteras, una influencia positiva, que recompensará los esfuerzos de otras comunidades por mantener sus recursos naturales y producir sustentablemente. La ciudad habrá creado una pauta de consumo de energía renovable al abastecerse de manera incremental con fuentes de energía limpia.
El derecho al agua se cumplirá plenamente, con acceso suficiente, asequible, diario y continuo de agua de buena calidad para la población. Se eliminarán las desigualdades territoriales de abasto. Los servicios de saneamiento llegarán a toda la población, y al menos la mitad del agua tratada será reutilizada. La sobreexplotación del acuífero de la Ciudad de México será superada y se disminuirá la extracción actual, para favorecer la recarga de agua al subsuelo. En coordinación con las autoridades federales y de otras entidades, se trabajará en la restauración de las cuencas de las que actualmente se abastece de agua la Ciudad de México, y se mitigarán los impactos negativos de las variaciones del clima en la disponibilidad del agua.
Por la disminución de los ritmos de los hundimientos del suelo, la armonización de mecanismos, políticas y normatividad para reducir la vulnerabilidad, el desarrollo de una cultura de la protección civil y de prevención, así como por la innovación en el desarrollo de capacidades digitales, y de información para responder a los sismos y a otras amenazas ambientales, la población de la Ciudad de México aumentará su resiliencia y vivirá más segura ante los riesgos de desastres causados por fenómenos naturales extremos.
0.3.4 Ciudad con equilibrio y orden territorial
El desarrollo urbano de la Ciudad de México garantizará el derecho de todas las personas a la ciudad, al reducir desigualdades entre zonas urbanas y entre éstas y las zonas rurales; será incluyente, equilibrado, ambientalmente sustentable, ordenado, tendrá perspectiva de género y visión metropolitana de largo plazo. La ciudad será una urbe más compacta, que crezca hacia su interior, tenga una tasa cero de crecimiento sobre el suelo de conservación y evite asentamientos en zonas de riesgo. Se promoverá una densificación equilibrada, mediante el aprovechamiento racional del potencial constructivo, así como el reciclamiento de zonas industriales con bodegas subutilizadas y áreas que hayan perdido población.
Un sistema jerarquizado de centros y subcentros urbanos permitirá la integración metropolitana y el acceso de la población a servicios, equipamiento e infraestructura. Los habitantes de las 1,812 colonias de la ciudad contarán con un espacio público digno e incluyente y áreas verdes a menos de un kilómetro de distancia. Los espacios públicos serán libres de violencia, contarán con accesibilidad y seguridad, estarán dotados con redes de tecnología avanzada, infraestructura, ecotecnias y mobiliario de vanguardia, con enfoque de género y énfasis en los grupos prioritarios (mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad), y actuarán como zonas de promoción de vida sana, cultura, educación, convivencia y deporte, con lo que se favorecerá la integración y la cohesión de la sociedad para garantizar el acceso universal a los beneficios de una mejor localización dentro del entorno urbano.
La Ciudad de México reducirá las desigualdades y garantizará el derecho a la ciudad al acelerar la transformación en sus sistemas de movilidad y medios de transporte para construir una movilidad integrada, incluyente, segura y limpia. Con especial atención a los grupos vulnerables y en particular a las mujeres, se reducirán los tiempos de traslado, se incrementará la accesibilidad a la red de transporte público, sobre todo en la periferia de la ciudad, y se logrará una buena experiencia de viaje en condiciones dignas y seguras para todas las personas usuarias.
El transporte público será seguro, con acciones afirmativas en favor de las mujeres, y condiciones de accesibilidad para personas que viven con discapacidad. La red de transporte público se ampliará integralmente en todas sus modalidades y se gestionará de tal forma que sea accesible y eficiente para la mayoría de la población, sobre todo con opciones de movilidad eléctrica.
Las vías públicas se reordenarán para privilegiar los espacios peatonales, el transporte público de superficie y las ciclovías, y se incorporarán nuevas tecnologías y métodos de control de tránsito y ocupación, con el objetivo de reducir el tráfico vehicular. Cuatro quintas partes de los viajes se harán en modos sustentables, al abatir emisiones contaminantes y contribuirá a mejorar la calidad del aire, la salud y mitigación de gases de efecto invernadero. La producción de equipamientos, desarrollo de sistemas y otros servicios asociados, será también una oportunidad para la economía de la Ciudad de México y para la innovación. El trabajo en el transporte se hará con paridad de género.
Para garantizar el derecho a la vivienda se facilitará una oferta accesible e incluyente, segura, de buena calidad y servicios, que favorezca el bienestar y la eliminación del hacinamiento. El rezago y las nuevas necesidades serán cubiertas con una combinación de vivienda asequible para todos los sectores, que incluyan las opciones de renta, y se enfatizará en la seguridad de las edificaciones ante riesgos sísmicos y de otros tipos. Se generalizará el uso de energías renovables y el ahorro energético en las edificaciones, así como las técnicas para el mejor aprovechamiento del agua y las innovaciones constructivas que favorezcan la sustentabilidad ambiental. Las necesidades de vivienda de las familias con jefas de hogar serán atendidas de manera prioritaria, con modalidades de tenencia de suelo, de crédito y acceso que permitan reducir las brechas de desigualdad, la pobreza patrimonial y la dependencia económica.
0.3.5. Ciudad en paz y con justicia
Los habitantes de la Ciudad de México vivirán en un entorno seguro y así lo percibirán, se habrán reducido significativamente los niveles de violencia al intensificarse la estrategia integral de seguridad y justicia, con estricto respeto a los derechos humanos y basada en cinco pilares: atención a las causas sociales del delito; más y mejores policías; coordinación entre autoridades y niveles de gobierno; inteligencia policial, de datos y social, así como eficiencia en la provisión de justicia; y la construcción de un marco legal que habilite los cuatro puntos anteriores.
La recuperación del tejido social se logrará por medio de garantizar el acceso igualitario a los derechos para toda la población. Así se atenderán las causas que generan el fenómeno de la violencia, al garantizar el derecho a la educación, a la salud física, mental y emocional, al sustento económico, al libre desarrollo de la personalidad, al deporte, la cultura y a vivir en un ambiente de paz y libre de violencia.
La Ciudad de México contará con una policía cercana, profesional, confiable, honesta y eficaz en la prevención e investigación del delito y el combate a organizaciones delictivas. Esta policía contará con herramientas tecnológicas para apoyar su labor y reducir sus tiempos de respuesta. Los cuerpos policiales contarán con la participación de las personas en las colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales, donde se habrán generado entornos que disuaden la comisión de delitos, y habrán establecido programas de prevención con atención prioritaria a zonas con altos niveles de degradación urbana, conflictividad e inseguridad social. En ellos se habrá logrado la recuperación del tejido comunitario mediante la mejora de la calidad de vida de los habitantes, acceso al espacio público, áreas verdes y accesibilidad al transporte público de calidad.
Se habrá consolidado una policía que rinda cuentas de su desempeño e implemente protocolos de justicia procedimental en los que se trate a las personas con dignidad y respeto, se escuche a las personas antes de tomar decisiones, se explique el porqué de las acciones y se actúe con neutralidad ante la evidencia. La policía preventiva tendrá un rol activo en la resolución cotidiana de problemas comunitarios de índole no criminal. Los procesos de ingreso a las corporaciones garantizarán la selección de elementos, cuya conducta se apega a los principios institucionales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se habrá de contar con esquemas de supervisión permanente que detectan y sancionan oportunamente actos de corrupción. Con estas acciones, la ciudadanía elevará sus niveles de confianza en los cuerpos policiales.
En la Ciudad de México se garantizará el derecho y el acceso efectivo a la justicia para todas las personas. Los habitantes de la ciudad contarán con una Fiscalía General de Justicia plenamente autónoma, que lidere con honestidad, transparencia, inteligencia y eficacia, las investigaciones que reduzcan la impunidad y desarticulen a las organizaciones delictivas. La procuración de justicia habrá conseguido cero impunidad en feminicidios, delitos sexuales graves, trata de personas y otras violaciones graves a derechos humanos, con protección efectiva e integral a las víctimas. La población capitalina percibirá al Ministerio Público y a la policía ministerial como instituciones eficaces y honestas.
Se contará con un aparato de procuración de justicia ágil, basado en investigaciones efectivas y coordinadas entre fiscales, policías de investigación y servicios periciales, que logren acusaciones robustas que inculpan a los responsables del delito y permiten judicializar los casos con altas probabilidades de obtener sentencias condenatorias. Se observarán las medidas necesarias y protocolos para proteger a víctimas y testigos y evitar la revictimización de las personas o sus familiares tras la denuncia.
La ciudadanía incrementará su confianza en la Fiscalía, con lo que la denuncia crecerá; se reducirán drásticamente los tiempos necesarios para levantar una denuncia y será factible hacerlo de modo digital para los delitos que puedan ser denunciados por este medio. Los involucrados en una carpeta de investigación tendrán 100% de acceso digital a los datos que por derecho puedan consultar. En la Ciudad de México los datos abiertos sobre seguridad pública se habrán actualizado en forma permanente. La ciudadanía habrá tenido acceso a una plataforma de consulta de los servicios para monitorear la oportunidad y el desarrollo y exigir calidad en la respuesta.
Se aplicarán mecanismos alternativos de solución de controversias para facilitar soluciones diferenciadas en casos no graves, lo que dará prioridad a la reparación del daño y al restablecimiento de relaciones cordiales entre las partes. Se privilegiará la atención y tratamiento integral en el caso de delitos de bajo impacto cometidos por consumo problemático de sustancias psicoactivas. No se criminalizará a las personas que cometan delitos no violentos asociados a la pobreza.
Se atenderán y resolverán de manera expedita las quejas y denuncias en contra de servidores públicos de la Fiscalía y se combatirá la corrupción por sus causas, al hacer uso de esquemas de inteligencia institucional que eviten la posible colusión e infiltración de grupos delictivos al interior de la Fiscalía. En consecuencia, se establecerán las responsabilidades y se sancionará a los responsables. Al mismo tiempo, se reconocerá e incentivará el buen desempeño, evaluado por la reducción de la impunidad, así como con esquemas centrados en la víctima y la percepción de satisfacción con la calidad del trato recibido.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, habrán realizado investigaciones y acciones conjuntas que derivan en el desmantelamiento de las estructuras logísticas, operativas y financieras de las organizaciones delictivas, al utilizar sistemas tecnológicos de información en los que cada dependencia cuente con acceso a los datos en el marco de sus atribuciones y que salvaguarden los derechos humanos.
0.3.6. Ciudad innovadora y basada en conocimiento
La Ciudad de México acelerará la innovación pública y el desarrollo científico en todas sus actividades con un sentido de inclusión, equidad y transformación social, lo que se traduce en acciones que buscan fortalecer y ampliar el acceso a los grandes derechos sociales y humanos de los habitantes de la Ciudad de México. Con una vinculación estrecha entre las instituciones públicas, los centros de investigación y las empresas, se impulsará un gobierno innovador que tenga como centro el uso intensivo de herramientas tecnológicas, información pública y conocimiento científico.
La innovación tecnológica y el uso masivo de los sistemas de información pública serán un medio democrático de empoderamiento de la ciudadanía, de deliberación y participación en las decisiones públicas, y de control ciudadano sobre las autoridades bajo un esquema de rendición de cuentas. Una ciudad innovadora y de derechos se logrará con un sentido de inclusión, a partir de una conectividad universal que no deje a nadie atrás y cierre las brechas socio-digitales, para que todas las personas tengan acceso a los beneficios de las tecnologías de la información.
La innovación pública se centrará en adoptar sistemas tecnológicos avanzados para el procesamiento y gestión de grandes volúmenes de datos generados a partir de la propia dinámica social y económica de la ciudad, para ser analizados y transformados en insumos para la toma de decisiones basadas en evidencia sobre todos los ámbitos de la vida pública: la seguridad ciudadana y la videovigilancia, el sistema de transporte público, la gestión de servicios y su relación con la población, el monitoreo de condiciones ambientales, la prevención y la gestión integral de riesgos, las atención de demandas ciudadanas entre otros. Un valor central será la protección de la privacidad y los datos personales, y la prevención de la violencia digital.
Quienes habiten la ciudad habrán construido una cultura de innovación social que descansa en un sistema de educación, investigación y adaptación al cambio e innovación, que dispone de recursos suficientes para colaborar con el gobierno, la sociedad y las empresas en la generación de mejores políticas públicas, el impulso a empresas creativas y la formación de personas calificadas y talentosas.
Así, la Ciudad de México se habrá transformado en una ciudad innovadora y de derechos que imagina, investiga, aprende, enseña, experimenta, inventa, crea, inspira e impulsa el cambio social a través de la responsabilidad gubernamental, la equidad, la ética pública y una economía innovadora y solidaria. Se habrá erigido como un espacio de innovación con comunidades más informadas, participativas y seguras que hacen uso intensivo del conocimiento científico en su vida cotidiana, para garantizar el bienestar de sus habitantes.
0.3.7. Ciudad de gobierno honesto, cercano y buena administración
La Ciudad de México consolidará un ejercicio gubernamental plenamente honesto, austero, eficiente, abierto y transparente, que cumpla de forma cabal con los principios del derecho al buen gobierno y a la buena administración. El gobierno será cercano a la gente al garantizar el derecho de audiencia, promover la consulta y la participación ciudadana e incorporar las aspiraciones, necesidades y derechos de las personas como guía en la toma de decisiones. Se mejorará la información, la atención, la realización de trámites y los servicios mediante el desarrollo e implementación de herramientas digitales que faciliten el escrutinio ciudadano.
La corrupción no será tolerada ni quedará impune, y su erradicación provendrá tanto de la prevención como de la aplicación de métodos de gestión abiertos, digitales y transparentes, de la profesionalización de las funciones públicas, de la conducta ética de las personas servidoras públicas y la simplificación normativa y de la rendición constante de cuentas ante la ciudadanía y la investigación y sanción de los delitos. Las compras públicas serán transparentes y competidas, al utilizar un sistema digital, automatizado y simple. En la administración pública habrá paridad en todos los niveles, con cero tolerancia al acoso y el hostigamiento sexual y laboral.
La actividad gubernamental tendrá el respaldo y la confianza de la población por su probidad y capacidad técnica, porque se ejercerá con austeridad y sin privilegios, porque ofrecerá servicios y bienes públicos de calidad para el desarrollo, para la reducción de las desigualdades sociales y territoriales, y para el bienestar. Para ello el Gobierno de la Ciudad de México fortalecerá sus capacidades hacendarias, sus ingresos y presupuestos, al cumplir con los principios de responsabilidad en el ejercicio de las finanzas públicas. Se modernizarán los esquemas de recaudación mediante la innovación y la digitalización de procesos. Los presupuestos se ejercerán de forma transparente, vinculados estrechamente al ejercicio progresivo de los derechos, se asignarán con visión de largo plazo y planeación multianual y tendrán una mayor proporción dedicada a las inversiones en la infraestructura para el bienestar y el desarrollo.
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